España podría ganar más de cuatro millones de habitantes durante los próximos quince años y, al mismo tiempo, envejecer con rapidez. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, todo ese crecimiento procedería de la migración internacional, mientras que la población de 65 y más años pasaría del 21,1 % actual a un máximo del 30,9 % en 2076. El peso de las edades centrales, de 20 a 64 años, descendería del 60,9 % al 54,5 % en 2052 (INE, 2026).
Las consecuencias presupuestarias del envejecimiento suelen analizarse desde el gasto: pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. La evidencia comparada más reciente para la UE-27 muestra que ni siquiera esa traslación al gasto es uniforme: entre 1992 y 2024 dependió de manera decisiva del diseño institucional de cada país (Cadaval-Sampedro, Lago-Peñas, Fernández-Leiceaga y Domínguez-Lamela, 2026). Pero la transformación demográfica también actúa sobre los ingresos. Si disminuye el peso de la población en edad de trabajar, cambia la importancia relativa de las bases imponibles y, con ella, la capacidad del sistema tributario para financiar el gasto público.
El envejecimiento también afecta a la recaudación
Un trabajo reciente de la OCDE permite aislar este segundo efecto. Sicsic y Hourani (2026) calculan los impuestos que paga actualmente cada grupo de edad y plantean la siguiente pregunta: ¿qué ratio de impuestos sobre el PIB habría tenido la economía de 2022 si su estructura por edades fuera la prevista para 2060?
El ejercicio mantiene constantes el PIB, la población total y las políticas tributarias. No incorpora crecimiento, reformas ni cambios de comportamiento. No es, por tanto, una previsión de recaudación, sino una forma de medir exclusivamente el efecto composición. El resultado medio para los países analizados es una ratio de impuestos sobre el PIB aproximadamente un punto porcentual menor en 2060; en diez países, la caída supera los dos puntos. España aparece en el grupo intermedio, con una reducción situada entre cero y dos puntos y algo más intensa que la media de la OCDE.
El envejecimiento reduce el peso de las rentas laborales y de las cotizaciones, que constituyen una parte esencial de los ingresos públicos. Otras bases imponibles (el consumo, las pensiones, el capital, los inmuebles o las herencias) resisten mejor o ganan importancia relativa. Sin embargo, su capacidad recaudatoria depende de cómo estén diseñados los impuestos.
| Base | Efecto demográfico básico | Pregunta de diseño tributario |
| Trabajo y cotizaciones | Pierden peso al reducirse la población en edad laboral | ¿Puede ampliarse la participación y el empleo sin cargar todo el ajuste sobre el trabajo? |
| Consumo | Se mantiene a edades avanzadas, aunque cambia su composición | ¿Qué coste tendrán los tipos reducidos y las exenciones cuando crezcan las partidas favorecidas? |
| Pensiones | Sustituyen parcialmente a las rentas salariales | ¿Cuál es la brecha efectiva de tributación entre salario y pensión en España? |
| Patrimonio, vivienda y herencias | Se concentran en edades relativamente altas | ¿Siguen cumpliendo su finalidad los umbrales, exenciones y valores utilizados para gravarlas? |
Fuente: elaboración propia a partir de Sicsic y Hourani (2026), OCDE (2021a, 2024 y 2025) y Borrallo, Párraga-Rodríguez y Pérez, 2021).
Esta observación no equivale a recomendar que se grave más a las personas mayores. La edad no determina por sí sola la capacidad económica y dentro de cada generación existen diferencias muy amplias de renta, patrimonio, salud y necesidades de cuidado. La cuestión es otra: si cambia la composición de las bases, también parece razonable que se revise si los tratamientos fiscales existentes conservan su justificación, cuánto cuestan y quién se beneficia de ellos. La evidencia retrospectiva nos enseña que los contribuyentes de mayor edad soportan, en general, tipos efectivos menores, pero su contribución relativa aumentó allí donde los sistemas tributarios se adaptaron. La erosión no es un destino inevitable (Borrallo, Párraga-Rodríguez y Pérez, 2021).
La migración: alivio real, pero condicionado
Las mismas proyecciones que anuncian el envejecimiento sitúan la migración en el centro de la cuestión. Una población inmigrante relativamente joven puede ampliar la población activa, sostener el empleo y retrasar el deterioro de la relación entre trabajadores y población total. Para España, un ejercicio contrafactual estima que la inmigración mitigó alrededor del 60 % del deterioro del denominado dividendo demográfico entre 2000 y 2019. Los propios autores advierten de que se trata de un ejercicio de equilibrio parcial, con productividad constante, que debe interpretarse como una cota inferior y no como una balanza fiscal (Conde-Ruiz, González y Díaz-Salazar, 2026).
Al pasar del efecto demográfico al presupuestario conviene precisar qué se mide. Los enfoques contables estiman, para un periodo dado, la diferencia entre los ingresos públicos atribuibles a un grupo y el gasto individualizable que se le imputa. Con estos métodos, la OCDE sitúa la contribución fiscal neta agregada de la población inmigrante entre el −1 % y el +1 % del PIB en la mayoría de países, con resultados sensibles a las partidas incluidas y al horizonte considerado (OCDE, 2013 y 2021b). Para la UE-14 en 2014-2018, Fiorio et al. (2024) estiman un saldo medio anual de 1.510 euros por migrante y 32 euros por nativo; en España, 793 y −814 euros respectivamente, en euros de 2018.
El signo de esos saldos no indica que unos paguen impuestos y otros no: muestra qué término de la resta pesa más. En España el estudio atribuye a los nacidos en el país más ingresos públicos per cápita que a los nacidos fuera (5.598 frente a 4.537 euros), pero también un gasto imputado mayor: 6.412 frente a 3.744. Los migrantes generan 1.061 euros menos de ingresos y reciben 2.668 euros menos de gasto. Esa segunda diferencia domina, y de ahí el saldo. Buena parte procede de la edad: las prestaciones de vejez y supervivencia suponen alrededor del 44 % del gasto imputado a nativos y del 20 % del imputado a migrantes. Se está comparando, en realidad, a poblaciones situadas en momentos distintos del ciclo vital: la misma persona es receptora neta en la infancia y en la vejez, y contribuyente neta en las edades intermedias.
Hay una razón adicional para leer los niveles con prudencia. En España el perímetro del estudio cubre el 84,3 % de los ingresos públicos, pero solo el 69,6 % del gasto: quedan fuera el impuesto sobre sociedades por un lado y las partidas colectivas no individualizables por otro (como la administración general, la defensa, el orden público o determinadas infraestructuras). Los propios autores consideran más informativa la comparación entre grupos que el nivel absoluto de cada uno.
Esos importes tampoco describen una cualidad asociada al lugar de nacimiento. La diferencia media desaparece cuando el estudio compara personas con características demográficas semejantes y cambia de signo al añadir la situación laboral. La edad, la educación, el tamaño del hogar, el empleo y el tiempo de residencia modifican el resultado. La conclusión relevante para la política pública es que la aportación fiscal de la migración depende, ante todo, de su integración económica y laboral.
La migración tampoco elimina el envejecimiento. Quienes llegan envejecen y adquieren derechos. Su efecto consiste en amortiguar y aplazar parte del ajuste, no en hacerlo desaparecer. Sería de enorme interés disponer para España de una estimación actualizada, homogénea y suficientemente desagregada que integrase IRPF, cotizaciones e imposición indirecta y los confrontase con sanidad, educación y prestaciones desde una perspectiva de ciclo vital.
Diseño ex ante
La primera tarea es estadística. La Dirección General de Tributos publica anualmente análisis estadísticos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio elaborados a partir de las declaraciones, y ambas incorporan desagregaciones por tramos de edad que permiten aproximar cómo se distribuyen bases, cuotas y beneficios fiscales. El trabajo de la OCDE señala el camino a seguir, saber cuánto aporta cada grupo de edad en cada figura tributaria (y no sólo por IRPF o IP) permitiría distinguir lo que es efecto puramente demográfico de lo que responde al diseño del sistema.
La segunda tarea es evaluadora. Tipos reducidos, exenciones, mínimos y deducciones responden a finalidades económicas y sociales muy diversas. El envejecimiento nos invita a revisar aquellas que recaen sobre bases cuyo peso relativo aumenta con la edad (aunque la revisión no deba limitarse a estas). Quizá la pregunta pertinente no sea solo cuánto cuestan, sino si siguen cumpliendo el objetivo para el que se crearon y cómo se reparten hoy sus efectos.
España no afronta únicamente una sociedad con más personas mayores, sino una estructura demográfica distinta: sostenida en buena medida por la migración y con una base laboral comparativamente más estrecha. Adaptarse a ese escenario obliga a mirar a la vez a quienes trabajan, a las bases que ganan importancia con la edad y a las reglas que determinan su tributación. La demografía dibuja el marco; el empleo y el diseño tributario deciden buena parte de lo que ocurre dentro de él.
Pablo Grande Serrano
Subdirector adjunto de Política Tributaria en la Dirección General de Tributos