La integridad en las Administraciones públicas es uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En el caso de las Administraciones tributarias el cumplimiento de este requisito se torna todavía más exigente en cuanto su ausencia ocasiona desigualdad en los contribuyentes, distorsiona sus condiciones de competencia, lesiona la reputación de la Administración y desincentiva profundamente el cumplimiento por parte de los ciudadanos de sus obligaciones fiscales y por ende, la obtención de ingresos públicos que permitan el desarrollo de políticas públicas y la prestación de servicios públicos de calidad.