Conocer qué piensa la ciudadanía acerca del sistema impositivo es un factor esencial para su diseño y también para lograr un mejor cumplimiento voluntario. Con el fin de contribuir a ese conocimiento, el Instituto de Estudios fiscales acaba de publicar -como cada año- el estudio Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2020, conocido como Barómetro fiscal .
Merced a dicho estudio sabemos que la valoración de los servicios públicos por la población es en general positiva, si bien en referencia al año 2020 disminuye ligeramente la satisfacción de los ciudadanos. Este descenso puede ser debido, en su mayor parte, a los efectos de la crisis sanitaria que ha generado dificultades de acceso a algunos de los servicios y prestaciones públicas.
Otro dato relevante es que la mitad de los encuestados piensan que, en general, el pago de los impuestos se realiza de un modo bastante correcto. Sin embargo, una misma proporción de los entrevistados (50%) considera que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes, y que se ha incrementado en los últimos años. Responda o no a la realidad, es un dato preocupante la percepción tan extendida de que el fraude fiscal pudiera ser masivo. En particular, la opinión pública cree que existen ciertos colectivos que defraudan habitualmente a la Hacienda Pública. Se trataría de los empresarios, pero también los profesionales liberales y los trabajadores autónomos, cuyas actividades, al no estar sometidas a una comprobación automática por parte de la Administración, ofrecen mayores oportunidades para la evasión. Por el contrario, los encuestados piensan que los asalariados mantienen una conducta fiscal honesta porque, al estar controlada la parte más importante de sus ingresos mediante el sistema de retenciones salariales, tienen menos oportunidades que los demás grupos de contribuyentes para ocultar las rentas que deben declarar.
Por otra parte, nuestro Barómetro fiscal también pregunta por el conocimiento, utilización y valoración de los servicios de la Agencia Tributaria. Un 87% de los ciudadanos declaran conocerla y predomina una valoración positiva de la capacidad de la Agencia para resolver los problemas de los contribuyentes. Solamente un 24,3% tiene una valoración negativa, porcentaje que debe considerarse bajo teniendo en cuenta la ingrata labor que, por definición, realiza la Agencia Tributaria.
Finalmente, cada año el estudio dedica un cuarto bloque de preguntas a un tema específico relacionado con la actualidad. En 2020 se preguntó sobre fiscalidad verde y saludable. La ciudadanía ve necesario un mayor cuidado del medio ambiente a través de la fiscalidad, independientemente de si se realiza por la vía de beneficios fiscales a las buenas prácticas (76,8%), o por el incremento de impuestos a las malas prácticas (75,8%). La mayoría de la población percibe positivamente la eficacia y la utilidad de este tipo de impuestos, aunque las opiniones se dividen respecto a si, tras la crisis provocada por el Covid-19, es ahora el mejor momento para implementar estos impuestos, con una ligera mayoría que entiende que es un mal momento (53%).
Como puede apreciarse en el apretado resumen que acabo de hacer, el barómetro fiscal 2020 aporta informaciones relevantes sobre las actitudes y opiniones de los contribuyentes. Ésta ha sido su vigésimosexta edición y aunque ha ido adaptándose con el tiempo, quisimos realizar una evaluación externa en profundidad, con el fin de mejorarlo. Así, encargamos a un equipo de investigadores dirigidos por Eloísa del Pino el trabajo que hemos publicado recientemente. Evaluar un proyecto público como el Barómetro fiscal y dar a conocer los resultados es útil en sí mismo. Sin embargo, lo difícil es tratar de llevar a cabo las recomendaciones que se nos han formulado. Son muchas y muy detalladas, me limitaré aquí a señalar algunas.
Nuestra primera preocupación era asegurarnos de que el estudio anual del Instituto de Estudios Fiscales debía continuar realizándose, dado que su objeto coincide en parte con el Estudio de Opinión Pública y Política Fiscal que lleva a cabo del Centro de Investigaciones Sociológicas. La conclusión es –en palabras de los autores- que
“el Barómetro dispone de series muy largas, temáticas interesantes, una parte fija y otra móvil, muestras representativas para colectivos diferentes y, con la excepción del periodo pandémico, el procedimiento utilizado para llevar a cabo la encuesta ha sido el presencial. Todo ello hace que sea una encuesta con identidad propia que merece la pena mantener”.
El informe de evaluación nos propone incluir nuevas variables que ayuden a explicar mejor las actitudes de la ciudadanía hacia la fiscalidad. Asi lo hemos hecho ya en el Barométro en curso referido a 2021 y que publicaremos dentro de un año. Otra mejora inmediata se refiere al acceso a los microdatos que genera la encuesta, que no era adecuado. En el más breve plazo pondremos a diposición del público de forma ágil las series de las que disponemos, sin que sea necesario solicitarlas. Y en la medida de lo posible, proporcionaremos algunas explotaciones básicas con indicadores clave, que faciliten la interpretación de los resultados.
Como podrán ver si lo leen, el documento elaborado por Eloísa del Pino y sus coautores contiene, además de las recomendaciones citadas, un ambicioso programa de trabajo en materia de sociología tributaria para los próximos tres o cuatro años. Para llevarlo a cabo, que es nuestra meta, se requieren dos inputs esenciales: capital humano y presupuesto. Ya hemos empezado a trabajar en ello.
Alain Cuenca
Director General del Instituto de Estudios Fiscales
Muy interesante esta línea, sostenida, de análisis y su difusión. La opinión pública es decididamente favorable al establecimiento de impuestos ecológicos. ¿Y al cobro de peajes públicos por el uso de carreteras, que es la quintaesencia de esta tipología de prestaciones públicas? ¿el 75% de los encuestados se mostrarían favorables a su despliegue?