El incremento del gasto sanitario en las dos últimas décadas asciende al 177%, lo que supone un incremento anual acumulativo del 5,2%. Supera la tasa de crecimiento de su gasto no financiero total que fue del 4,45% durante el mismo periodo. El incremento interanual del gasto sanitario por parte de las CCAA en 2022 se situó en el 4,02%, lo que pone de manifiesto la consolidación de los incrementos del gasto acontecidos en los ejercicios 2020 y 2021 consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La importancia relativa del gasto respecto al total de las AAPP, la alta tendencia a la consolidación de los niveles de gasto puesta de manifiesto en los ejercicios posteriores a la pandemia, y el hecho de que sea un gasto especialmente tensionado en el largo plazo debido al proceso de envejecimiento de la población hace necesaria una especial monitorización y control por parte de las administraciones públicas, así como la adopción de medidas para minimizar su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Dentro del gasto sanitario cobra especial relevancia el relativo al gasto en productos farmacéuticos y sanitarios. Con este concepto nos estaríamos refiriendo fundamentalmente a tres tipos de gasto:

• Los consumos farmacéuticos en el ámbito hospitalario.
• Gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación en oficinas de farmacia.
• Gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación.

En el año 2023 el gasto en estas partidas supuso el 32,5% del gasto total sanitario de las comunidades autónomas, siendo especialmente relevante el gasto por receta médica (14,7%), seguido por el de farmacia hospitalaria (10,6%).

El control de este gasto es especialmente relevante porque, además de sufrir las tensiones asociadas al envejecimiento de la población, se ve afectado por el incremento en el coste del acceso a medicamentos y terapias cada vez más avanzadas relacionadas con la medicina de precisión.

Para la supervisión de este gasto y la adopción de medidas de control que posibiliten la moderación del mismo y la minimización del riesgo de impacto en la sostenibilidad de las finanzas de las comunidades autónomas la Administración General del Estado creó el instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios.

2. Antecedentes

En el año 2015 se modifica la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableciendo en su artículo 113 la creación del instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario, de adhesión voluntaria por parte de las comunidades autónomas, el cual ha sido prorrogado durante los ejercicios 2016 a 2024, mediante acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El artículo 114 de la citada Ley prevé que las comunidades autónomas adheridas no puedan presentar una variación interanual del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios superior a la tasa de referencia aplicable a la regla de gasto instrumentada en el artículo 12 de la LOEFSP. Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo, dispone que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos evaluará el grado de cumplimiento de la regla. Adicionalmente en el apartado c) del artículo 115 se establece que, en caso de incumplimiento, las CCAA deberán aplicar las medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario que sean acordadas por la CDGAE.

En todos los ejercicios desde 2016 han estado adheridas las mismas doce Comunidades Autónomas (todas a excepción de Navarra, País Vasco, Canarias, Asturias y Galicia). El incumpliendo de la regla del instrumento ha sido generalizado desde su creación con excepción del año 2016 por el efecto que en el año base 2015 tuvo la financiación de los nuevos antivirales destinados al tratamiento de la hepatitis C.

La CDGAE ha ido valorando los informes anuales de evolución del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios y las medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. A este respecto cabe citar las 19 medidas que se acompañaron al informe de valoración de los datos del ejercicio 2018. No obstante, la pandemia sanitaria condicionó la comunicación a las CCAA de dichas medidas, así como su puesta en marcha por parte de las mismas, por lo que no se llegaron a llevar a cabo. La posterior supresión de las reglas fiscales, y por tanto de la regla de gasto y su tasa de referencia, en los ejercicios comprendidos entre el 2020 y 2023 imposibilitaron la valoración del cumplimiento del instrumento, así como la adopción de medidas.

3. Principales retos a futuro

Dada la experiencia adquirida en los nueve años de vida del Instrumento y los retos futuros que se avecinan consecuencia de una realidad cambiante, tanto en el contexto jurídico relativo a la sostenibilidad de las finanzas públicas con la introducción del nuevo marco europeo de las reglas fiscales, como la constante evolución en el sector farmacéutico con tratamientos cada vez más innovadores y costosos, podría ser conveniente valorar diferentes estrategias que permitan una mayor operatividad y mejora en la consecución de los objetivos perseguidos.

También sería conveniente buscar mecanismos de incentivos que animaran a las comunidades autónomas no adscritas al Instrumento para que se vincularan al mismo de cara a ampliar su cobertura.

Finalmente, desde una óptica más general, pero que permitiría conocer de manera más exhaustiva los principales factores de evolución del gasto y en línea con las nuevas tendencias de tratamiento masivo de datos, se debería valorar la viabilidad de elaboración de un banco de datos a nivel nacional que permitiera conocer pormenorizadamente los consumos de medicamentos y productos sanitarios y su precio real de adquisición.

4. Conclusión

El control del gasto sanitario autonómico y por ende el de productos farmacéuticos y sanitarios es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, el instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios ha enfrentado desafíos significativos desde su implementación que han impedido una operatividad plena. Para fortalecer su eficacia sería necesario explorar diferentes vías que permitan una óptima consecución de sus objetivos y su adaptación a una realidad cambiante. Además, podría resultar conveniente la creación de un banco de datos nacional que permitiera una supervisión más completa del gasto y una toma de decisiones informada.

Luis Merlo López de Rego

Subdirector General de Análisis Presupuestario y Estadística de las CC.AA   

Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial. Secretaría General de Financiación Autonómica y Local