El calentamiento global también está detrás de la mayor crisis medioambiental de la historia. Desde 1880 la temperatura media terrestre ha subido 0,85 ºC, el nivel del mar ha crecido 19 cm y el Ártico ha perdido 1,07 millones de km2 de hielo por década, tal y como desvela el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Mediante el Acuerdo de París y la Agenda 2030 se trata de revertir dicha situación:

El Acuerdo de París (en la actualidad lo han firmado 194 partes con la Unión Europea) establece los objetivos de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C respecto de los niveles preindustriales e, incluso si es posible, mantener dicho incremento por debajo de 1,5 ºC.

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la ONU también aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan que busca alcanzar una prosperidad respetuosa con el planeta y sus habitantes. 

Estos dos acuerdos están marcando las pautas que se están llevando a cabo con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ y frenar el cambio climático.

Actualmente, el objetivo prioritario de la Unión Europea (UE) es cumplir con el objetivo de descarbonización de la economía fijado en el Acuerdo de París. En concreto, pretende que se alcance la neutralidad climática en 2050. Ser el primer continente climáticamente neutro.

Para cumplir dicho objetivo, se ha propuesto otro intermedio: Reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero, en un 55% respecto de las emisiones de 1990.

Cabe recordar que los gases de efecto invernadero son los responsables del calentamiento del planeta y del cambio climático y que, de esos gases, el CO₂ es el responsable de aproximadamente tres cuartas partes de todas las emisiones. Se genera principalmente por la quema de productos energéticos y residuos sólidos.

Por eso la descarbonización (reducir las emisiones de CO₂) es el elemento central sobre el que se desarrollará la transición energética. 

El objetivo es desincentivar el uso de aquellos productos energéticos más contaminantes e incentivando el uso de aquellos menos contaminantes. Hay que transitar hacia el uso de productos energéticos menos contaminantes.

Para impulsar dicha transición energética, la fiscalidad de los productos energéticos y de la electricidad, que está armonizada a nivel comunitario, está llamada a desempeñar un papel importante en el futuro, ¿cuáles son los retos que tiene por delante?

– Se debe adecuar a las políticas de la UE en materia de energía, medio ambiente y clima. Dicha aproximación debe hacerse de forma gradual, de forma tal que permita la minimización de impactos y la adaptación de los causantes de los problemas medioambientales a costes asumibles.

Tampoco se debe olvidar que los tributos medioambientales buscan primordialmente la reducción del deterioro medioambiental y son ajenos al principio de capacidad económica, se rigen por el principio de “quien contamina paga”, por lo que deberían ir acompañados de compensaciones distributivas dirigidas a los más vulnerables.

– Esta fiscalidad también debe contribuir a preservar y mejora el mercado interior de la UE mediante la actualización de la lista de productos energéticos gravados y de la estructura de los tipos impositivos, y mediante la racionalización del uso de las exenciones y reducciones fiscales.

Es esencial que los productos energéticos resulten gravados según su comportamiento medioambiental.

Por ejemplo, la electricidad proveniente de fuentes de energía renovables está llamada ser la energía del futuro, no contamina, es barata y no se requieren materias consumibles para su generación. El problema que existe en la actualidad es la limitación de su almacenamiento y, por tanto, se trata de una energía no gestionable (se depende para su generación de factores externos que no se controlan, que exista sol, viento…)  

Por otra parte, el hidrógeno renovable se posiciona como uno de los principales productos energéticos en el largo plazo debido a que su producción y consumo es neutral climáticamente y no genera emisiones contaminantes.

A diferencia de otras fuentes energéticas renovables, el hidrógeno tiene la capacidad de ser almacenado, como gas a presión o en estado líquido.

Por consiguiente, mediante la fiscalidad se debe fomentar su consumo al igual que el de la electricidad proveniente de fuentes de energía renovables, o el de los biocarburantes o biocombustibles sostenibles avanzados.

– Todo ello manteniendo la capacidad de generar ingresos para los presupuestos de los Estados miembros, por ejemplo, la recaudación del impuesto llamado a desaparecer como es el del carbón o el descenso de recaudación por la utilización como combustibles o carburantes de determinados hidrocarburos, se debe compensar con la imposición de nuevos productos (se pretende electrificar todas las modalidades de transporte, cada vez habrá menos coches de gasóleo o gasolina y más eléctricos).

Previsiblemente, en un futuro la mayoría de los viajes serán en tren y coches eléctricos compartidos y equipados con algoritmos que optimizarán la ruta para reducir el consumo y maximizar el número de pasajeros. 

– La fiscalidad de los productos energéticos debe menoscabar lo menos posible la competitividad de sectores estratégicos de la economía. No se debe olvidar que el cambio climático es un problema mundial, y que existe un riesgo de deslocalización de la industria si resulta excesivamente gravada en comparación con otras jurisdicciones más permisivas desde el punto de vista de las emisiones de CO₂.

Es por ello que la Comisión Europea ha puesto un énfasis especial en mecanismos que mitiguen posibles pérdidas de competitividad frente a economías con regulaciones medioambientales más laxas, mediante ajustes en frontera.

En suma, la fiscalidad de los productos energéticos y de la electricidad debe perseguir el equilibrio entre la protección del medio ambiente, el mantenimiento del nivel de recaudación y todo ello sin menoscabar la competitividad de sectores económicos.

Por otra parte, según las previsiones de Naciones Unidas, durante las próximas décadas, la población global se incrementará hasta alcanzar los 9.100 millones de personas en 2050.

Con las cifras de población estimadas para 2050, harían falta casi 3 planetas Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales. Esta cifra, elocuente por sí sola, ya justificaría la necesidad de adoptar modos nuevos de producción y consumo sostenibles.

Por ello conforme a los objetivos de los planes europeos de acción de economía circular, y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se debe impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar.

Se trata de sustituir el modelo lineal de producir, consumir y tirar por el modelo de producir, consumir y reciclar o reutilizar. 

Por lo que, en coherencia con dichos objetivos, la fiscalidad medioambiental bien sea mediante “palos”, establecimiento de impuestos, o de “zanahorias”, beneficios fiscales, estará orientada a desincentivar el consumo de determinadas materias primas, productos de un solo uso, o lo que es lo mismo, incentivar el consumo de productos reciclados o su reutilización.

Isabel López Rodríguez

Subdirectora General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior y sobre el Medio Ambiente de la Dirección General de Tributos