El 11 de diciembre se convalidó el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, una norma muy esperada por las entidades locales, ya que permite que los ayuntamientos y diputaciones provinciales que generaron superávit en 2024 puedan destinarlo a la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS) durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027.