La participación en tributos del Estado (conocida como PIE) es un recurso financiero de las administraciones locales reconocidas en la Constitución, es decir municipios, provincias e islas. Representa en torno al 21% de los ingresos totales de los primeros (ligeramente inferior al Impuesto sobre Bienes Inmuebles), y al 66% de los de las diputaciones provinciales.