La actividad de ejecución de resoluciones económico-administrativas constituye una de las materias más deficientemente reguladas (arts. 150.7, 239.3, 241ter Ley 58/2003, LGT, y 66 RD 520/2005, RGRVA) y, consecuentemente, más controvertidas, como acreditan las numerosas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (sobre la veintena en los últimos tres años).