Servicios públicos: satisfacción general, pero con críticas a su evolución y a la participación de la iniciativa privada en su gestión y financiación

El barómetro fiscal de 2023 revela un nivel de satisfacción general con los servicios públicos y las prestaciones que se sitúa por encima de la media. Entre los servicios mejor valorados destacan la educación, el transporte público y las infraestructuras viarias.

PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LOS DIFERENTES SERVICIOS PÚBLICOS

Como se observa en el gráfico anterior, la valoración general de los servicios públicos es positiva, y va desde un 61% de ciudadanos satisfechos con las pensiones de enfermedad e invalidez hasta un 84% satisfechos con la educación. Sin embargo, existen diferencias significativas según el tamaño de la localidad. Los residentes en municipios de menos de 100.000 habitantes muestran menor satisfacción con las infraestructuras viarias, mientras que esta mejora progresivamente en localidades mayores, alcanzando sus máximos en ciudades con más de 500.000 habitantes. Un patrón similar se observa en la educación, con una diferencia de 18 puntos porcentuales entre las pequeñas localidades y las grandes urbes.

Aunque la satisfacción con los servicios públicos es alta, el optimismo disminuye al preguntar sobre su evolución en los últimos cinco años. Un 54% considera que han mejorado poco o nada, lo que genera dudas sobre la eficacia de las políticas públicas a largo plazo. Los residentes en localidades pequeñas son los más críticos, mientras que los de grandes ciudades son más optimistas. Esta discrepancia sugiere diferencias en el acceso y mejora de los servicios según el lugar de residencia, lo que podría generar percepciones de desigualdad territorial.

En cuanto a la participación del sector privado en la gestión y financiación de los servicios públicos, la opinión pública se mantiene mayoritariamente en contra. Esta postura, que es constante a lo largo de los años, refleja una preferencia generalizada por un modelo de provisión y sostenimiento de los servicios esenciales fundamentalmente público.

Por edades, los ciudadanos de 18 a 39 años son los menos críticos con la gestión privada (61%) y, según se avanza por los rangos de edad, se manifiesta una posición más crítica hasta llegar a las personas de 65 años o más, que en un 82% se declaran contrarios a la gestión privada de los servicios públicos.  

Percepción del fraude fiscal: una preocupación persistente

La percepción del fraude fiscal en España es mayoritariamente negativa, con un 68% de los ciudadanos considerando que ha aumentado en los últimos diez años. Esta visión ha sido constante desde 2006, alcanzando máximos entre 2012 y 2017, coincidiendo con la crisis económica. En 2018, esta percepción experimentó un descenso notable hasta el 65% y, desde entonces, no ha pasado del 70%,

EVOLUCIÓN DE LAS OPINIONES SOBRE EL FRAUDE FISCAL

La mayoría de los ciudadanos atribuye el aumento del fraude fiscal a la impunidad de los grandes defraudadores (28%) y a la falta de honradez (20%). Estas respuestas señalan la importancia que para los ciudadanos tienen los mecanismos de control del fraude fiscal y la promoción de los valores éticos y la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según la opinión de los entrevistados, el tipo de fraude más perjudicial es el correspondiente a la economía sumergida (34%). El elevado porcentaje de ciudadanos citando la economía sumergida revela la preocupación por la pérdida de ingresos fiscales derivada de actividades no declaradas.

Elevado grado de conciencia fiscal de los ciudadanos

El barómetro fiscal también explora la conciencia fiscal de los españoles a través de preguntas sobre la justificación del fraude y la percepción del papel de la hacienda pública en la sociedad. Una amplia mayoría (66%) considera que el fraude fiscal no se puede justificar en ningún caso, ya que es una cuestión de solidaridad y de principios. Este fuerte rechazo ético al fraude fiscal, consistente a lo largo del tiempo, subraya un valor cívico fundamental en la sociedad española.

En cuanto a la percepción del papel de la hacienda pública, un 82% de los ciudadanos apoya la afirmación de que desempeña una función necesaria para la sociedad, frente a una minoría que cree que viviríamos mejor sin pagar impuestos. Esta visión generalizada sobre la importancia de la hacienda pública se ha mantenido a lo largo de los años considerados en el estudio y constituye la expresión de una posición ética basada en que los impuestos son la fuente de financiación de los servicios públicos esenciales sobre los que se construye nuestro estado del bienestar.  

Elevada valoración de la Agencia Tributaria e impulso de sus servicios digitales

La imagen de la Agencia Tributaria es positiva, con un 79% de los ciudadanos valorando favorablemente sus servicios. Destacan especialmente la Renta Web, la firma electrónica, la APP y la web, con porcentajes superiores al 85%, reflejando la eficacia de sus plataformas digitales. Los ciudadanos también aprecian la capacitación y corrección de su personal, con valoraciones globalmente positivas, lo que refuerza la confianza en la institución.

Cada vez más ciudadanos cumplimentan por sí mismos sus declaraciones tributarias

En 2023, el 47% de los ciudadanos cumplimentaron sus declaraciones tributarias por sí mismos, siendo más común entre los de 25 a 39 años (54%), mientras que los de 18 a 24 recurrieron más a amigos y familiares y los mayores de 65 fueron los que más requirieron la asistencia de la Agencia Tributaria. Las tareas de cumplimentación y presentación de la renta supusieron un tiempo medio superior a 2 horas, considerado razonable por muchos. Sin embargo, los frecuentes cambios normativos son la principal preocupación, especialmente entre los mayores de 55 años, con un 28% señalando esta preocupación.

En resumen, los resultados del barómetro fiscal de 2023 ofrecen la imagen de una sociedad caracterizada por una sólida conciencia fiscal, que valora los servicios públicos (con preferencia por la gestión pública de éstos) y la labor de la Agencia Tributaria, si bien se muestra preocupada por la evolución del fraude fiscal en nuestro país.

Carlos Díaz Muriel

Coordinador de Área en el Instituto de Estudios Fiscales