La Agencia Tributaria, consciente de los desafíos tributarios y aduaneros que plantea el siglo XXI, ha apostado por ir integrando paulatinamente la IA en sus procesos con el objetivo de mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y optimizar la gestión administrativa; las actuaciones de control también integrarán en un futuro técnicas y herramientas de IA para reforzar la eficacia de dichas actuaciones. Esta estrategia se viene ejecutando dentro de un marco jurídico sólido y respetuoso con los derechos fundamentales, afirmación especialmente relevante después de la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) en el caso Bosco, que fija un novedoso criterio en cuanto al uso de algoritmos en la toma de decisiones administrativas.

Garantías jurídicas y derechos fundamentales: el impacto del caso Bosco

La STS del caso Bosco, de 11 de septiembre de 2025 (STS 3826/2025 – ECLI:ES:TS:2025:3826), ha introducido una reflexión crítica sobre el uso de algoritmos en la administración pública. En dicha sentencia, el Tribunal Supremo subraya que el uso de sistemas automatizados para la toma de decisiones administrativas debe respetar los principios de transparencia, trazabilidad, supervisión humana y protección de los derechos fundamentales. Y en la parte sustantiva de la sentencia analiza los límites de la transparencia respecto de los algoritmos utilizados:

Analiza el límite de Propiedad Intelectual (art. 14.1.j LTAIBG) y, si bien reconoce que la Administración del Estado es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la aplicación BOSCO, establece una doctrina fundamental: este derecho no es absoluto y debe ceder ante un interés público prevalente.

Analiza también el Tribunal Supremo el límite de Seguridad Pública (art. 14.1.d LTAIBG) considerando insuficiente la mera invocación de un «riesgo inherente» o potencial de vulnerabilidad para denegar de plano el acceso.

La doctrina sentada por el TS adapta activamente un derecho constitucional —el derecho de acceso a la información del artículo 105.b de la Constitución— a la nueva realidad tecnológica y consagra un ‘nuevo’ principio, el de «transparencia algorítmica», como una exigencia rectora para la Administración digital española.

Dada la resolución administrativa impugnada, la sentencia no entra en otros límites existentes que pueden afectar al nuevo principio de transparencia algorítmica –límites que han sido considerados conformes con la legalidad constitucional en pronunciamientos anteriores- como son por ejemplo el carácter reservado de los datos tributarios y el carácter reservado de los planes de control.

No obstante, la doctrina sentada nos permite analizar si la estrategia de la Agencia Tributaria en materia de IA es respetuosa con el último pronunciamiento del TS que, en última instancia, viene a imponer una interpretación reforzada y garantista del artículo 96.1 de la LGT –que actualmente ampara el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos tributarios-: la tecnología debe estar al servicio del ciudadano, no sustituir el juicio humano ni erosionar el derecho a una tutela administrativa efectiva.

Principios rectores del uso de IA en la Agencia Tributaria

A la luz de la STS Bosco, la Agencia Tributaria reafirma su compromiso con una IA ética, responsable y centrada en las personas. Los principios rectores que guían esta estrategia son:

• Intervención humana (“Human in the loop”): Toda decisión relevante que afecte derechos o intereses de los contribuyentes debe contar con supervisión humana. La IA puede asistir pero no reemplazar el juicio administrativo. Desde la recopilación de datos hasta la validación de resultados, la participación humana es esencial para garantizar la legalidad y la equidad.
• Enfoque centrado en las personas (“Human Centric”): La IA debe respetar los derechos fundamentales, evitando sesgos, discriminaciones o automatismos opacos. La Agencia se compromete a aplicar principios éticos en el diseño, entrenamiento y evaluación de sus sistemas inteligentes.
• Transparencia y trazabilidad: Los algoritmos utilizados deben ser comprensibles, auditables y explicables. La STS Bosco ha dejado claro que los administrados tienen derecho a conocer los criterios que han influido en una decisión automatizada. En este punto, la Agencia Tributaria va más allá y limita la propia naturaleza de las actuaciones automatizadas excluyendo las decisiones basadas exclusivamente en IA; en este sentido la estrategia de IA recoge expresamente que “las actuaciones administrativas automatizadas que dicte la Agencia Tributaria no descansarán en ningún caso, de manera exclusiva en el resultado obtenido de un sistema de IA”.
• Gobernanza y seguridad: La Agencia Tributaria ha desarrollado una metodología específica para el ciclo de vida de los proyectos de IA, que incluye análisis de riesgos, medidas de ciberseguridad, protección de datos, validación técnica y auditorías internas y externas. La supervisión por parte de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) refuerza esta gobernanza.
• Calidad y representatividad de los datos: La STS Bosco también ha puesto el foco en la calidad de los datos utilizados por los sistemas automatizados. La Agencia verifica que las fuentes sean fidedignas, actualizadas y no sesgadas, y que los datos representen adecuadamente el universo sobre el que se aplican los algoritmos.

IA como herramienta de mejora, no de sustitución

La Agencia Tributaria no concibe la IA como un sustituto de la función pública sino como un complemento que permite liberar recursos humanos para tareas de mayor valor añadido. La automatización de procesos repetitivos y el análisis masivo de datos permiten una gestión más eficiente, pero siempre bajo el principio de subsidiariedad: la tecnología debe asistir, no reemplazar, la función administrativa y el criterio humano.

La STS Bosco ha reforzado esta visión, al recordar que la administración no puede delegar en sistemas automatizados la responsabilidad de decidir sin control humano. Por ello, la Agencia ha intensificado sus esfuerzos en formación, supervisión y auditoría de sus sistemas de IA, asegurando que cada decisión esté respaldada por criterios jurídicos y éticos.

Conclusión: una IA al servicio del interés general

La Agencia Tributaria, en su apuesta por la innovación, reconoce que el uso de la IA debe estar alineado con los valores democráticos, el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad vigente. La STS del caso Bosco ha sido un punto de inflexión que obliga a reforzar las garantías jurídicas en el uso de tecnologías inteligentes, sin renunciar a sus beneficios operativos.

La IA, bien aplicada, puede ser una aliada poderosa para mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos, facilitar el cumplimiento tributario, reducir errores y optimizar recursos. Pero su implementación exige responsabilidad, transparencia y supervisión. La Agencia Tributaria está preparada para afrontar este reto, con una visión estratégica que combina innovación tecnológica y rigor jurídico, asegurando que la IA esté siempre al servicio del interés general.

Georgina de la Lastra y Peralta

Inspectora de Hacienda. Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Agencia Estatal de la Administración Tributaria