El objetivo de esta entrada es hacer un breve repaso de las ideas del informe en materia tributaria.

El informe parte de un diagnóstico tan claro como certero: el gran problema de Europa es la falta de crecimiento económico, y esa falta de crecimiento económico se debe esencialmente a una falta de productividad: en términos de paridad de poder de compra (lo que permite la comparación entre países), el PIB per cápita de la UE es un 34% inferior al de EEUU, diferencia que se ha ido incrementando con el tiempo; y más del 70% de la diferencia se puede atribuir a la menor productividad europea (pág. 8[1]). Es decir, aunque los europeos trabajamos menos horas que los americanos (lo cual explica el resto de la diferencia), somos menos ricos fundamentalmente porque producimos menos por hora trabajada. El débil crecimiento pone en riesgo nuestros estándares de vida: la renta disponible per cápita, en términos reales (descontada la inflación para permitir comparaciones intertemporales), ha crecido en EEUU casi el doble que en Europa desde el año 2000.

A lo anterior coadyuvan el aumento del proteccionismo, los altos precios de la energía y la inestabilidad geopolítica, todo lo cual supone un lastre adicional para el crecimiento de Europa. Sin embargo, «el enfoque central de una agenda de la competitividad debería ser aumentar el crecimiento de la productividad, que es el factor más importante del crecimiento a largo plazo y lo que lleva a que el nivel de vida se eleve con el tiempo» (pág. 9).

Y para conseguir esto, Draghi propone sobre todo acelerar la innovación, amén de rebajar los precios de la energía y reforzar la seguridad frente las crecientes amenazas geopolíticas y comerciales; todo ello sin dejar de preservar la «inclusión social».

¿Qué papel juega la fiscalidad en todo esto? Pues uno de primer orden. En primer lugar en relación con la energía: si los precios de la electricidad a que se enfrentan las empresas europeas son entre el doble y el triple de los de EEUU, y los del gas entre el cuádruple y el quíntuple, es en gran medida por los altos impuestos, se dice ya desde el preámbulo. En contra de lo que pudiera parecer, esta diferencia de precios es estructural y no se debe al pico de precios derivado de la guerra de agresión rusa en Ucrania, pues hace tiempo que los precios volvieron al nivel previo a la guerra. A ello hay que añadir el incremento de precio provocado por el sistema de derechos de emisión, y la heterogeneidad entre Estados Miembros en la imposición sobre la energía. Las consecuencias son de gran alcance, pues la energía es un insumo en todos los procesos productivos, de manera que una energía más cara supone mayores costes de producción en todos los sectores, lo que lastra la productividad y con ello la competitividad.

Por ello, se concluye en la página 46 que «un componente fundamental de la reducción de los costes de la energía para los usuarios finales es la reducción de la imposición sobre la energía, lo cual puede lograrse adoptando un nivel máximo común de recargos en toda la UE (que incluiría impuestos, contribuciones y cargas de red)». A continuación se añade que, si bien la legislación en este área requiere unanimidad, cabría considerar la cooperación entre un conjunto más pequeño de Estados Miembros o la guía sobre la imposición de la energía.

Del mismo modo, la fiscalidad tiene un papel que jugar en el cierre de la «brecha de innovación». Los altos costes de aplicar una densa y heterogénea regulación, así como «el alto coste de cumplimiento fiscal» (p. 26) se identifican como las principales barreras al crecimiento de las empresas, que hacen que la UE tenga proporcionalmente menos empresas pequeñas y medianas que EEUU y más microempresas. Esto, a su vez, repercute en la innovación y la productividad, pues hay un vínculo claro entre el tamaño de las empresas y la adopción de nuevas tecnologías y la productividad. De nuevo un dato elocuente: en 2023, el 30% de las grandes empresas de la UE usaban la IA, frente a sólo el 7% de las PYMES.

Igualmente en este capítulo, se propone un régimen armonizado para las «compañías innovadoras europeas», con el objetivo de facilitar la transición de la invención a la comercialización. En efecto, la gran barrera contra la que se estrella con frecuencia la innovación no es la falta de ideas, tecnologías o prototipos, es el paso de esa fase a la producción en masa de un producto comercializable. Para facilitar su superación se propone un estatuto jurídico a nivel de la Unión para estas empresas, caracterizado por normativa armonizada en materia societaria y concursal, así como en «algunos aspectos clave de Derecho laboral y de imposición» (p. 29).

También se menciona la posible introducción de incentivos fiscales a la I+D para compañías dedicadas al diseño y la fabricación de chips (p. 54).

Otro aspecto de suma importancia para la innovación es la existencia de un mercado de capitales desarrollado que pueda financiarla, por lo que el informe subraya la necesidad de avanzar en la unión de mercados de capitales. Y uno de los obstáculos que identifica para ello es la divergencia de regímenes tributarios y de insolvencia entre Estados Miembros (p. 60). Por ello, además de armonizar los regímenes de insolvencia, señala el informe que la Unión debería «continuar eliminando obstáculos impositivos a la inversión transfronteriza» (p. 61).

En este capítulo, aunque no se propone ninguna medida impositiva al respecto, se señala también la importancia de canalizar el ahorro de los hogares hacia la inversión a largo plazo, la más adecuada para financiar proyectos innovadores que pueden necesitar mucho tiempo para fructificar, y ello a través del vehículo que se identifica como el más adecuado para ello, que son los fondos de pensiones (p. 61). Dado que estos vehículos de inversión vienen disfrutando de ventajas fiscales, cabe pensar que una política en este sentido incluiría una mejora de las mismas. Es más, tan solo un par de páginas antes (p. 59), se dice que «los incentivos fiscales a la inversión privada parecen necesarios para financiar el plan de inversiones, además de la inversión pública directa».

No puede olvidarse que Mario Draghi es, de formación, economista. En efecto, desde Adam Smith sabemos que la riqueza no consiste en la posesión de metales preciosos u otros bienes, sino en la productividad; y que la clave del aumento de la productividad es la acumulación de capital y la innovación. Así, la respuesta a la amenaza a los estándares de vida europeos que entraña el débil crecimiento del continente ha de pasar por un impulso de la productividad, y para ello es necesario, entre otras medidas, rebajar los precios de la energía, facilitar la innovación y el crecimiento empresarial, y profundizar la integración de los mercados de capitales.

Las implicaciones de lo anterior en materia tributaria, según el informe, se pueden resumir en una armonización y reducción de la carga impositiva sobre la energía y el capital, con especial énfasis en cuanto a esto último en la remoción de obstáculos y la aplicación de incentivos fiscales a la inversión y al crecimiento de las empresas.

La historia de la integración europea está jalonada de «informes» que han precedido a un cambio radical de rumbo. El informe Spaak llevó a la firma de los Tratados de Roma de 1957, que constituyeron la Comunidad Económica Europea y el Euratom. Treinta años después, el informe Spinelli condujo a la firma del Tratado de Maastricht, por el que se constituye la Unión Europea propiamente dicha, al pasar de una unión puramente económica a una incipiente unión política. Ahora, el informe Draghi propone una receta para revertir el deterioro del nivel de vida europeo. Solo queda esperar que la política no obstaculice la puesta en marcha de sus recomendaciones: de ello depende nuestro bienestar futuro.

Borja Araujo Arce

Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

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[1] Todas las citas son de la parte A del informe y se refieren al original en inglés, único disponible por el momento. Las traducciones son propias del autor.