España asumirá su quinta presidencia de la UE el segundo semestre de 2023. El país que ocupa la presidencia se convierte en el centro de la formulación de políticas de la UE durante ese periodo ya que establece la agenda y las prioridades del Consejo, que deberán pactarse en el marco del Programa general del Trío integrado por España, Bélgica y Hungría.

La Presidencia española va a coincidir con un período de elevada actividad legislativa en todas las áreas. Se trata de una Golden presidency, última presidencia completa anterior a la celebración de elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en mayo de 2024. Durante el semestre de la Presidencia española deberán concluirse muchas iniciativas legislativas que se encuentren en sus etapas finales de negociación y se impulsarán los debates que orientarán la agenda legislativa de la siguiente Comisión.

En el ámbito tributario, la efervescencia de nuevas iniciativas y proyectos en el ámbito de la fiscalidad internacional (Pilares 1 y 2 del G20/OCDE, fiscalidad de la economía digital, medioambiental…) garantiza una elevada carga de trabajo en los grupos del Consejo durante la Presidencia española. La Comisión ya ha anunciado muchas de sus futuras propuestas que se presentarán a lo largo de los años 2022 y 2023, por lo que, probablemente, muchos de esos expedientes tributarios deberán debatirse o completarse durante la futura Presidencia española.

En la fiscalidad directa, destacan en el corto plazo las propuestas relacionadas con los trabajos sobre los Pilares 1 y 2 del G20/OCDE y su implementación en la UE. En conexión con los proyectos anteriores, se encuentran la propuesta de directiva para que las multinacionales publiquen su tipo efectivo, conforme a la metodología del Pilar 2, y la posible modificación de la Directiva relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, la Comisión ha anunciado también una propuesta legislativa, “DEBRA” que pretende desincentivar la financiación vía deuda en relación con la financiación vía capital para reducir el sobreendeudamiento así como la propuesta denominada “BEFIT” relativa al establecimiento de un marco común para el Impuesto sobre Sociedades. Por otra parte, en el ámbito de la cooperación administrativa se espera una nueva modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC8), para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos por parte de las administraciones tributarias, así como la propuesta para intercambiar información y denegar beneficios fiscales a las denominadas Shell companies. Asimismo, la Comisión está trabajando en una propuesta legislativa para el establecimiento de un método de retención común en fuente, y en otra sobre los criterios de residencia fiscal transfronteriza y el teletrabajo para resolver cuestiones prácticas en este ámbito que se han suscitado durante la pandemia.

Respecto de la fiscalidad indirecta, las propuestas más importantes se desarrollan el marco del Green Deal, los objetivos 2030 de la UE para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la digitalización de la economía. La propuesta de la modificación de la Directiva del régimen común de la fiscalidad de la energía, presentada el pasado 14 de julio, pretende revisar en profundidad la tributación de los combustibles fósiles, carburantes en el sector del transporte y en la generación de electricidad. Asimismo, y en relación con la Directiva horizontal de los impuestos especiales, la Comisión presentará a principios de 2022 una propuesta para ajustar el funcionamiento del movimiento intracomunitario de bienes objeto de los impuestos especiales. También se llevará a cabo una evaluación de impacto del comercio electrónico de bienes objeto de estos impuestos, lo que también podría dar lugar a una nueva propuesta legislativa en este ámbito. Además, se prevé también la revisión de fiscalidad del tabaco, y la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.

En cuanto al IVA, las propuestas más relevantes se integrarán en el Paquete de IVA en la era digital que incluye proyectos en relación con el envío de información en tiempo real para luchar contra el fraude en las operaciones transfronterizas, la extensión de la “ventanilla única” a operaciones para las que no se contempla aún y el modelo de proveedor asimilado para las plataformas que operan de forma transfronteriza, es decir, aquellas que prestan servicios a proveedores que puedan estar establecidos fuera del Estado miembro, especialmente en los sectores del alojamiento y el transporte. Se barajan también dos proyectos interesantes para España como la modificación de la Directiva IVA para la revisión del sector del turismo ajustando el funcionamiento del Régimen Especial de Agencias de Viajes y la revisión de las normas que afectan al sector financiero y de los seguros. Por último, cabe destacar la propuesta para el establecimiento de un mecanismo de resolución de disputas en materia de IVA y la relativa al establecimiento de un régimen definitivo de IVA.

En definitiva, la Presidencia española tendrá que impulsar y dar la impronta final a un número importante de propuestas legislativas que determinarán elementos clave de la tributación internacional, europea y nacional en las próximas décadas. La presidencia representa una gran responsabilidad, pero también constituye una oportunidad única para reforzar y mejorar nuestra influencia en la UE. En esta línea, de cara a la preparación y desarrollo de la futura Presidencia española, más cercana de lo que parece, considero oportuno reproducir algunas de las interesantes reflexiones del diplomático Pablo Rupérez Pascualena:

“En el caso de España faltan dos claves para mejorar la presencia: que la sociedad española, incluyendo toda la administración, las empresas y la sociedad civil, asuma plenamente que la UE es política interior, y que la presencia en la UE es una tarea que debe ser prioritaria para todos, en la que todos podemos apoyar, y de la que todos saldremos beneficiados”.

Señala también este autor:

“Presencia implica no sólo presencia de españoles en las instituciones, sino también presencia de los temas europeos en todos los niveles de la administración española. Por tanto, creo que para aumentar la influencia en la UE es necesario también reforzar y aumentar los departamentos que se ocupan de los asuntos europeos en la administración local, autonómica o central, incrementando su relevancia, situándolos cerca del nivel de decisión política y perfeccionando su coordinación, y, a la vez, su interrelación con las instituciones europeas. Por decirlo de otra forma, para aumentar la influencia de España en la UE hay que aumentar la influencia de la UE en España.”

Manuel Santaella Vallejo

Jefe de Asesoría Tributaria de la Dirección General de Tributos