
Vivimos un cambio de tendencia en la fiscalidad internacional que tendrá su reflejo también a nivel de la UE. Después de la última década con un récord de iniciativas legislativas parece que en principio el próximo período no será tan prolífico.
Resulta significativo que el nuevo Comisario competente para la fiscalidad sea el Comisario de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra. A diferencia de anteriores ocasiones la fiscalidad no se enmarca en una cartera económica.
En primer lugar, destaca el proyecto de simplificación de la normativa a nivel horizontal que se ha iniciado en la UE para contribuir a mejorar su competitividad. La agenda fiscal tendrá su propio espacio dentro de este proyecto. De hecho, el Consejo ECOFIN de 11 de marzo de 2025 aprobó unas Conclusiones sobre la agenda fiscal de simplificación y ordenación que contribuya a la competitividad de la Unión Europea (UE).
En estas conclusiones se señala que las numerosas iniciativas legislativas aprobadas en los últimos años están cumpliendo sus objetivos. No obstante, se indica que se pueden reducir cargas administrativas y de suministro de información para las empresas y las administraciones. También se pueden eliminar normas superpuestas o desfasadas o mejorar la claridad de las normas (incluyendo mediante guías interpretativas) o los procedimientos para su aplicación. Todo ello manteniendo la eficacia en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal.
La Comisión Europea ha comenzado un análisis de las distintas directivas en vigor y debe presentar un informe antes del final del tercer trimestre de 2025 que incluya una hoja de ruta para este proceso. En este contexto la Comisión Europea ha mostrado su intención de presentar una directiva ómnibus de simplificación para las cuestiones fiscales a lo largo del primer semestre del año próximo que podría incluir modificaciones en todas las directivas en este contexto.
En segundo lugar, otra cuestión protagonista del debate es la fiscalidad empresarial. Aunque no se perciben perspectivas de éxito en las negociaciones de las distintas propuestas aún pendientes – entre otras, BEFIT, UNSHELL o TRANSFER PRICING – continuarán las negociaciones. La dificultad de las mismas puede provocar que se planteen soluciones menos ambiciosas pero con más posibilidades de acuerdo.
En este contexto destaca la conclusión de las negociaciones en relación con los pilares 1 y 2 de la reforma fiscal internacional de la OCDE y sus implicaciones para la UE. El cambio de posición de EE. UU tras las elecciones de noviembre de 2024 supone que el acuerdo en el pilar 1 ya no es posible sobre la base en la que se había estado trabajando y que algunas cuestiones sobre el pilar 2 serán cuestionadas, entre otras, la regla de los beneficios infragravados (UTPR).
Como consecuencia de ello se podrían restablecer las sanciones comerciales que se acordaron por EE. UU a los estados que establecieron un impuesto sobre determinados servicios digitales. Estas sanciones fueron suspendidas en tanto se lograba un acuerdo sobre el pilar 1. Por otro lado, se podría recuperar igualmente una propuesta de impuesto sobre los servicios digitales a nivel UE con una base imponible amplia y un tipo impositivo reducido que pudiese ser considerado como no discriminatorio por parte de la administración estadounidense.
Esta propuesta ya se planteó en su momento como un posible nuevo recurso propio de la UE. En el contexto de la negociación del futuro marco financiero plurianual para los años 2028-2034 se espera que el debate sobre unos nuevos recursos propios de la UE sea fundamental. Se necesitan más recursos para hacer frente, entre otras, a las nuevas necesidades derivadas del mecanismo de recuperación y resiliencia.
En tercer lugar, dada la necesidad de reforzar la competitividad de la Unión Europea, se están planteando una serie de incentivos fiscales en diversos sectores a incorporar por los estados miembros en su legislación interna. Así, está prevista la publicación de una recomendación en este sentido para apoyar el Clean Industrial Deal durante el segundo trimestre de 2025. Igualmente está prevista una modificación del marco de ayudas de estado para hacer posible la adopción de estos incentivos fiscales.
En cuarto lugar, se deben destacar dos sectores sobre los que se esperan propuestas específicas: por un lado, el sector energético, para el que se espera finalizar las negociaciones de la directiva de tributación de la energía y explorar una orientación “verde” para el sistema del impuesto sobre el valor añadido; y por otro lado, el sector financiero para que se plantea una propuesta para un marco tributario coherente del sistema financiero en la UE que facilite las operaciones transfronterizas y acelere su digitalización e innovación.
En quinto lugar, hay otra serie de cuestiones a las que se debe prestar atención aunque sea aún pronto para predecir el impacto que pueden tener.
Tras un período previo centrado en la fiscalidad empresarial, se espera más protagonismo respecto a la tributación de las personas físicas: a nivel de la OCDE hay un proyecto en curso sobre la cuestión del teletrabajo que podría tener su traslado a nivel de la UE; existe la posibilidad de extender el ámbito del Código de Conducta de fiscalidad empresarial de la UE al análisis de regímenes preferenciales también de personas físicas; por otro lado hay un proyecto a nivel del G20 sobre un tributo para los ultrarricos que podría tener alguna incidencia en el ámbito de la UE.
La negociación de la Convención Marco para la Cooperación fiscal internacional marcará los próximos años en la fiscalidad internacional. La Unión Europea ha participado como un bloque. De hecho, la primera posición común de la UE en materia fiscal se acordó durante la presidencia española del Consejo de la UE en este contexto y después se han logrado más. Será un tema en el que se intentará actuar de manera coordinada.
Finalmente, el ámbito de la cooperación administrativa en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal así como las cuestiones relativas a la implementación de las distintas medidas por las administraciones tributarias, incluyendo las cuestiones relativas a la inteligencia artificial, seguirán, como hasta ahora, ocupando un lugar central en las distintas propuestas que se planteen.
Por tanto, se espera un período con más calma y atendiendo principalmente a revisar las propuestas ya existentes así como a las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea por avanzar en el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada en cuestiones fiscales, parece aún lejano que los estados miembros puedan aceptar este cambio.
Jorge Ferreras Gutiérrez
Subdirector General de Política Tributaria en la Dirección General de Tributos
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