Las relaciones entre las distintas Administraciones públicas que ejercen sus potestades en el territorio nacional han de desarrollarse a partir de las premisas de lealtad institucional y de colaboración, consustanciales al modelo de organización territorial del Estado, como condición inexcusable para articular el ordenado desenvolvimiento de la actividad administrativa en tanto coexisten una pluralidad de Administraciones que proyectan su giro sobre el mismo ámbito territorial, personal y, en ocasiones, material.