Era agosto de 2013 cuando, en Cantabria, una esposa formalizó la aportación, con carácter gratuito, de su local y su garaje privativos a favor de su sociedad de gananciales. Aquel acto y su posterior liquidación por parte de la Administración Tributaria dieron lugar a una serie de recursos interpuestos que, finalmente, derivaron en el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la tributación de dicha operación.