Tras más de una década de esfuerzo técnico silencioso, de colaboración institucional y de mejora continua de la calidad del dato, el parcelario catastral rústico se encuentra hoy plenamente alineado con los valores que Europa reconoce como interoperabilidad, apertura, reutilización y servicio público.

Estamos en situación de reivindicar la parcela catastral rústica como dato de alto valor, tanto desde el punto de vista normativo —siguiendo el marco europeo de datos abiertos— como desde su función operativa y estructural dentro del sistema de información territorial de nuestro país.

La parcela catastral es mucho más que un contorno en un mapa. En el ámbito de la rústica, constituye la unidad mínima y esencial de identificación, valoración y gestión del territorio. Los datos asociados a cada una de estas parcelas determinan la eficacia de múltiples políticas públicas, desde la fiscalidad hasta la planificación agraria, pasando por la sostenibilidad ambiental, la digitalización del medio rural y la lucha contra el fraude.

La apuesta por mejorar la infraestructura de información catastral se ha demostrado, con la perspectiva que da el tiempo, como una de las decisiones más eficaces y enriquecedoras emprendidas por la Dirección General del Catastro desde las grandes renovaciones de los años 90. Esta evolución ha permitido consolidar datos fundamentales como los cultivos y aprovechamientos, la aptitud productiva del suelo, la identificación precisa de las zonas de concentración parcelaria o el conocimiento del precio de las parcelas a partir del análisis del mercado inmobiliario.

Conviene aquí hacer un alto. El verdadero valor de la parcela catastral rústica como dato de alto valor solo se despliega cuando sus atributos —superficie, linderos, cultivos, uso, título, etc.— están correctamente actualizados y reflejan fielmente la realidad del territorio. La calidad del dato no es un añadido, sino una condición imprescindible para su reutilización con garantías.

La parcela catastral se ha situado, hoy por hoy, en el centro de la actividad inmobiliaria del país. Y cabe preguntarse por qué y cómo hemos llegado hasta aquí.

El “por qué” tiene una respuesta clara: el Catastro ofrece una serie de capacidades que ninguna otra organización en España ha podido ni puede actualmente igualar. Entre ellas destacan:

• Una cartografía completa y homogénea de todo el territorio nacional.
• La identificación inequívoca de las parcelas mediante la referencia catastral.
• Una base de datos rica y estructurada, con información sobre titularidad, cultivos, regadíos, aprovechamientos y afecciones del dominio público.
• Una valoración individualizada de todos los inmuebles.

Estas fortalezas son pilares estructurales del sistema catastral desde sus orígenes, y se consolidaron aún más con la Ley del Catastro Inmobiliario de 2002. Sin embargo, como ocurre tantas veces en la historia institucional, no basta con tener el potencial: son determinadas decisiones estratégicas o acontecimientos normativos los que activan ese potencial y lo proyectan hacia una nueva dimensión. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en los últimos años, en un momento de madurez técnica e institucional que ha permitido capitalizar todo lo construido, y explican el “cómo”.

Desde este punto de vista, tres hitos han sido determinantes para situar al Catastro —y muy especialmente a la parcela rústica— en el núcleo del ecosistema de información territorial:

1. El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC (2005): desarrollado en respuesta al mandato europeo de disponer de una base gráfica de parcelas agrícolas digitalizadas, el SIGPAC se construyó sobre la cartografía catastral de rústica. Este hecho marcó un antes y un después en la interoperabilidad y en la colaboración entre Administraciones, sentando las bases de un modelo de dato único, compartido y útil para la gestión de las ayudas de la PAC y el mantenimiento del Catastro. (actualmente el Catastro recibe 16 millones de solicitudes de la PAC sobre parcelario catastral, garantizan el mantenimiento sobre 11 millones de parcelas y 28 millones de ha).

2. La reforma de la Ley Hipotecaria (2015): al establecer que la representación gráfica de las fincas registrales se base en la cartografía catastral, se consolidó la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. Esta modificación normativa permitió cerrar la brecha entre realidad física y realidad jurídica. Es así como se vinculan persona, título y territorio, verdadera y única expresión de la seguridad jurídica.

3. La implantación del valor de referencia (2021): derivada de la Ley de lucha contra el fraude fiscal, esta medida evidenció la necesidad de contar con una base catastral precisa, permanentemente actualizada y respaldada por información objetiva. Los valores de referencia, construidos a partir de los precios de compraventa declarados ante los fedatarios, se asignan a parcelas concretas mediante un mapa oficial elaborado por la Dirección General del Catastro, reforzando la relación entre datos catastrales y fiscalidad equitativa. (≈30 millones de inmuebles rústicos del total de 39 tienen valor de referencia).

Conclusión

En un momento en que el dato se reconoce como una palanca estratégica para el desarrollo económico, tecnológico y social, la parcela catastral rústica se consolida como un activo público de alto valor. Lo es por la riqueza de su contenido, por su potencial de reutilización en múltiples ámbitos y, sobre todo, por su capacidad para vertebrar el conocimiento territorial sobre una base objetiva, precisa y compartida.

Ya no se trata únicamente de registrar propiedades: se trata de comprender el territorio rústico como un sistema dinámico, donde cada decisión —fiscal, ambiental, agraria o urbanística— requiere un soporte fiable, georreferenciado y permanentemente actualizado. La parcela, bien definida y coordinada, se convierte así en una pieza clave para la toma de decisiones basada en la evidencia del dato geolocalizado, capaz de alimentar servicios, orientar políticas y generar confianza entre ciudadanía e instituciones.

El Catastro de Rústica, en este contexto, deja de ser una herramienta técnica aislada para convertirse en una infraestructura digital crítica del Estado, esencial para el funcionamiento coordinado de distintos niveles de gobierno y para garantizar la equidad en la acción pública sobre el territorio.

La responsabilidad que asumimos desde el ámbito catastral es, por tanto, doble: garantizar la calidad y actualización constante del dato, y contribuir a difundir y reforzar su valor estratégico. Porque solo con una base catastral sólida, interoperable y bien gestionada será posible construir un medio rural más justo, eficiente y sostenible, a la altura de los retos que hoy enfrenta el territorio.

Luis González-Carpio Fernández

Adjunto al Director General del Catastro