En la primera parte de este artículo se expusieron los fundamentos y la arquitectura técnica del sistema VERI*FACTU. En esta segunda entrega se analiza su encaje en el marco internacional y las principales oportunidades y retos que plantea su implantación.

1. Un marco internacional de referencia

En la mayoría de los países europeos, los objetivos comerciales o mercantiles de la factura y su reporte fiscal o tributario se han integrado en un único proceso digital. Modelos como el italiano (Sistema di Interscambio) o el polaco (KSeF) articulan un sistema simple y monolítico: la emisión de una factura electrónica válida a efectos mercantiles implica automáticamente su comunicación a la Administración tributaria. De este modo, la información comercial y la información fiscal se generan y transmiten simultáneamente, lo que facilita la trazabilidad, el control y la homogeneidad normativa.

En España, el panorama es más diverso y gradual. La factura mantiene su naturaleza mercantil y comercial, regulada por el “Real Decreto 1619/2012”, mientras que los sistemas de información tributaria —SII, Ticket BAI, Na Ticket y VERI*FACTU— operan con finalidades diferenciadas. Esta separación funcional exige una mayor coordinación tecnológica y normativa, especialmente ante la próxima implantación del paquete europeo ViDA, aprobado el 11 de marzo de 2025. Este paquete legislativo prevé la obligación de emitir facturas electrónicas en todas las operaciones intracomunitarias B2B y la transmisión electrónica en tiempo casi real de la información relativa a dichas operaciones (DRR), sustituyendo las actuales declaraciones periódicas de operaciones intracomunitarias (modelo 349). Estas medidas abren una oportunidad para armonizar los distintos esquemas nacionales y avanzar hacia un sistema europeo de facturación y reporte fiscal integrado, coherente y seguro. Este horizonte normativo exigirá que España coordine la evolución de sus sistemas de registro fiscal y de facturación electrónica —SII, Ticket BAI, Na Ticket, VERI*FACTU y la Factura Electrónica B2B— para garantizar su adaptación al estándar europeo, evitar duplicidades y aprovechar sinergias en la digitalización del cumplimiento tributario.

2. Oportunidades y retos a medio y largo plazo

La puesta en marcha de VERI*FACTU, la Factura Electrónica B2B y el paquete europeo ViDA abre una etapa de consolidación del proceso de digitalización fiscal en España. Lejos de suponer una carga añadida, este proceso anticipa la convergencia con el modelo europeo y aprovecha el margen temporal disponible hasta el 1 de julio de 2030 —fecha de entrada en vigor de los DRR— para alinear progresivamente los distintos sistemas nacionales.

En primer lugar, la coordinación entre los sistemas nacionales —SII, Ticket BAI, Na Ticket, VERI*FACTU y la futura Factura Electrónica B2B— será decisiva para garantizar su compatibilidad técnica y jurídica y evitar duplicidades en la transmisión de información.

El hecho de que España cuente ya con sistemas consolidados de trazabilidad y reporting permitirá anticipar la adaptación al modelo europeo y, además, influir activamente en el diseño definitivo de los estándares técnicos y semánticos que adoptará la Unión para el DRR y la factura electrónica intracomunitaria. El reto está en armonizar el tratamiento de todos los tipos de operaciones (B2B, B2C, B2G, etc.) y simplificar las interacciones asociadas a cada operación, tanto en el reporte fiscal como en la emisión y recepción de facturas.

En segundo lugar, la digitalización integral de la facturación y los registros fiscales ofrece la oportunidad de ampliar los servicios de asistencia a empresarios y profesionales —datos fiscales de actividades económicas, llevanza de libros registro y borradores de declaración— y traerá consigo una simplificación sustancial de los procedimientos de aplicación de los tributos. Esto permitirá reducir significativamente el tiempo de tramitación de las devoluciones y el número de requerimientos de libros registro. En definitiva, la disponibilidad inmediata de registros verificables reducirá las actuaciones de comprobación, acortará los plazos medios de devolución y disminuirá las sanciones asociadas a defectos de registro o justificación documental.

Asimismo, esta digitalización es necesaria para avanzar en la objetivación y uniformidad de determinados tipos de gasto en el ámbito de los autónomos y profesionales, tal y como se plantea en el “Informe del Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC)”. La posibilidad de aceptar reglas de deducción más objetivas y criterios de prueba más uniformes exige disponer de información estructurada y verificable en origen, algo que solo puede garantizarse mediante sistemas digitales de registro y facturación. Así, la digitalización no solo facilita el control, sino que también abre la puerta a un sistema más claro, equitativo y predecible para quienes desarrollan actividades económicas.

Además, una parte relevante de esa simplificación podría alcanzarse mediante la eventual implantación del Régimen de Franquicia (RF) en el IVA, ya vigente en la mayoría de los países de la Unión Europea. Este régimen permitiría exonerar de las obligaciones fiscales más complejas a los microempresarios con bajo volumen de ventas, manteniendo al mismo tiempo un nivel básico de información sobre sus operaciones, suficiente para comprobar si superan los umbrales establecidos. De este modo, se avanzaría hacia una gestión tributaria más sencilla, sin perder la trazabilidad necesaria para el control fiscal, en coherencia con el marco europeo y mejor adaptada a la realidad de los pequeños negocios.

En tercer lugar, el éxito de este proceso dependerá de la colaboración de todos los actores implicados: las Administraciones tributarias estatal y forales, los fabricantes de software, los intermediarios tributarios y los propios empresarios y profesionales. Solo desde esa cooperación será posible consolidar un modelo de cumplimiento digital que combine eficacia administrativa, seguridad jurídica y confianza recíproca.

En conjunto, España se está adelantando a la armonización europea mediante la implantación de sistemas que comparten los mismos principios de integridad, trazabilidad y comunicación digital en origen que inspiran ViDA. El reto, una vez completada su implantación, será alinearlos plenamente con el marco europeo para aprovechar al máximo las sinergias y transformar la gestión tributaria en un proceso más ágil, transparente y colaborativo. El éxito de esta transformación, sustentado en la cooperación público-privada, se traducirá en una aplicación más eficiente de los tributos, en la reducción de cargas y plazos, y en una Administración tributaria más digital, proactiva y confiable, y un entorno más predecible para la inversión y la competencia leal.

Domingo Javier Molina Moscoso

Inspector de los Servicios de Economía y Hacienda. Servicio de Auditoría Interna. Agencia Estatal de la Administración Tributaria