La coyuntura actual para afrontar los desafíos post – Covid para Latinoamérica y el lento crecimiento económico para este año y el 2022, frente a un aumento de las tasas de desempleo y de pobreza, hacen que los gobiernos trabajen en reformas tributarias para un aumento de los ingresos públicos.

Sin embargo, tienen al frente Asambleas o Congresos altamente polarizados y con una visión nula de política tributaria y de desarrollo, que pudieran aprobar leyes contraproducentes que incluyan brechas legales de evasión y mermar aún más los limitados recursos para financiar el gasto público.

Basta ver lo dicho por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 32-21-IN/21 de 11 de agosto de 2021, por la que resolvió devolver a la Asamblea la Ley que aprobaba beneficios con un mayor gasto del Presupuesto, sin el correspondiente financiamiento (aumento de impuestos) e increpa a ambas funciones del Estado, por un actuar irresponsable, ignorando los principios constitucionales de sostenibilidad fiscal y suficiencia recaudatoria, y señala así:

“125.6. Reprobar la actuación de la Asamblea Nacional y del presidente de la República en el trámite de aprobación de las disposiciones de la ley impugnada que aumentan el gasto público debido al aumento generalizado de las remuneraciones de los docentes del Sistema Educativo Nacional. Aunque el fin último de la política económica y, por ende, de la política fiscal debe ser la realización de los derechos fundamentales (especialmente, en su dimensión prestacional), y que la mejora de las condiciones laborales de los docentes viene exigida por la vigencia plena del derecho a la educación, no se puede perder de vista al principio de sostenibilidad fiscal porque, sencillamente, dicha sostenibilidad es condición de factibilidad para el disfrute de los derechos fundamentales. Actuar en sentido distinto, como se ha hecho en este caso, muestra una falta de seriedad institucional por parte de los órganos colegisladores que termina por mermar el progreso del Sistema Educativo Nacional y por frustrar aspiraciones legítimas de los docentes del sistema”.

Quienes hemos formado parte de la Administración Tributaria, sabemos que una parte importante para una adecuada gestión y recaudación de impuestos viene dada por el marco normativo para actuar. Sin embargo, y así como la sangre es al cuerpo la información es a la gestión tributaria y combate a la evasión.

Así, los cambios tributarios más importantes e innovadores para el Ecuador, con miras a fortalecer al Servicio de Rentas Internas (SRI) y combatir la evasión, no son las reformas legales sino los convenios de intercambio de información. Evasión que alcanza cifras realmente alarmantes de acuerdo a los estudios de la CEPAL, lo cual hace que la carga tributaria no recaiga sobre la capacidad económica de los contribuyentes sino limitado a aquellos que están dentro del marco de control del SRI; es decir en el mercado formal. En este punto una reforma tributaria que incremente la carga fiscal sería contraproducente, ya que generaría más estímulos para permanecer en la informalidad, profundizando la inequidad del sistema.

De ahí que existen 3 instrumentos, de los que forma parte el Ecuador, que podrían apuntalar al SRI como una administración tributaria de vanguardia y modelo de América Latina:

1. La Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal(OCDE); con más de 130 jurisdicciones participantes, para intercambiar información bancaria y de beneficiarios finales en estructuras societarias.
2.  El Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Ecuador.
3. Inspectores Fiscales sin Fronteras (TIWB), iniciativa que nació en el año 2015 en la Tercera Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba. Es una iniciativa conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diseñada para apoyar a los países en desarrollo en la creación de capacidad de auditoría tributaria. Los auditores fiscales, activos o jubilados, con experiencia de las administraciones asociadas trabajan junto con los funcionarios de los países en desarrollo para compartir sus conocimientos y experiencia en la auditoría de empresas multinacionales, guiándolos en los casos de auditoría actuales. Un nuevo programa TIWB comenzará en Ecuador en septiembre de 2021, en asociación con México.

Más información sobre los programas TIWB y los resultados están disponibles en el sitio web de la iniciativa: http://tiwb.org/es/

Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer a cargo del Presidente de la República y Directora General del SRI para generar los procedimientos adecuados respecto a cómo se llevarán a cabo estos procesos, la notificación de inicio a los contribuyentes, así como los mecanismos que aseguren el derecho a la defensa. Es precisa una participación activa del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, para que estos procesos sean conocidos y difundidos a los jueces tributarios quienes en última instancia conocerán de las impugnaciones de los contribuyentes; respecto de las actas y liquidaciones que generen dichos acuerdos y programas.

Javier Bustos A.

Profesor de Fiscalidad Internacional