La existencia de mecanismos que fijan criterios administrativos o jurisprudenciales tiene gran trascendencia práctica para la seguridad jurídica y para garantizar la confianza del contribuyente en el ámbito tributario, en especial cuando se trata de un tributo como el IRPF que afecta todos los años a decenas de millones de contribuyente y a través del cual se busca la aplicación de los principios de capacidad económica, equidad, justicia y redistribución de la riqueza.