Los días 1 a 3 de junio tuvo lugar en Sevilla el curso de primavera del Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (programa UIMP_IEF Conciencia fiscal y juventud) dedicado a una cuestión de enorme actualidad, pero también de largo recorrido: cómo fortalecer la conciencia fiscal de los jóvenes y cómo construir una cultura tributaria adaptada al siglo XXI.
El programa del curso tenía la finalidad de responder una pregunta: ¿qué sabemos realmente sobre la relación de los jóvenes con los impuestos, con lo público? Y, a partir de ahí, nos proponíamos un recorrido completo: primero, conocer la evidencia disponible; después, comprender los marcos sociales, culturales y comunicativos en los que se forma la opinión de los jóvenes; y, finalmente, pensar propuestas concretas que nos ayuden a avanzar.
La primera conclusión de este curso es que las noticias pesimistas que encontramos de forma constante en los medios en torno a los jóvenes deben atemperarse. Los jóvenes no son una generación simplemente desentendida de lo público ni una generación necesariamente contraria a los impuestos. La evidencia que nos ofrece el Barómetro Fiscal del IEF muestra una realidad más matizada: los jóvenes reconocen la necesidad de la Hacienda Pública y entienden que los impuestos sostienen servicios esenciales, pero al mismo tiempo expresan una legitimidad fiscal más frágil, una percepción más crítica sobre el fraude y una demanda muy clara de buen uso de los recursos públicos.
Esta idea se ha enriquecido con la perspectiva sociológica. Hemos visto que la juventud, a menudo presentada como una generación herida, ofrece muchos más matices. Se expusieron algunos rasgos preocupantes —siendo la vivienda el más grave—, pero también se destacó la importante evolución educativa de las últimas décadas. Además, se recordó que los relatos pesimistas sobre la juventud no son nuevos y, desde luego, trascienden nuestras fronteras. Ahora bien, también se nos alertó de que los jóvenes viven en un contexto de ansiedad, presión, incertidumbre y desconfianza institucional. Sin embargo, esa desconfianza no elimina la valoración de lo público. Los impuestos, incluso entre los más jóvenes, conservan una legitimidad moral vinculada a la ayuda mutua y a la existencia de estructuras comunes a las que acudir cuando se necesitan. La tensión principal no se sitúa tanto entre jóvenes e impuestos, sino entre la necesidad de protección pública y la desconfianza hacia quienes gestionan esa promesa colectiva.
Por eso, una segunda conclusión importante es que la conciencia fiscal no puede construirse solo con normas o con explicaciones técnicas. La fiscalidad tiene una dimensión jurídica y económica, por supuesto, pero también una dimensión moral, emocional y cívica que necesita confianza. Y la confianza se alcanza explicando para qué sirven los impuestos, cómo se transforman en servicios, qué problemas resuelven y qué consecuencias tendría su ausencia.
En este punto, la enseñanza de la fiscalidad en las aulas universitarias aparece como una herramienta fundamental. Las experiencias presentadas nos invitan a pasar de una enseñanza abstracta de los impuestos a una educación más conectada con la experiencia cotidiana. Funciona mejor cuando incorpora relatos, casos reales, debates, juegos de rol, análisis de noticias, detección de bulos, simuladores, herramientas digitales y ejemplos próximos a la vida de los estudiantes.
También hemos aprendido que la educación fiscal debe adaptarse a los lenguajes, canales y hábitos informativos de los jóvenes. Hoy la opinión pública juvenil se forma en un ecosistema digital, fragmentado y mediado por plataformas. Los jóvenes no acceden a la información solo a través de medios tradicionales; lo hacen mediante redes sociales, vídeos breves, podcasts, creadores de contenido, influencers, algoritmos y, cada vez más, herramientas de inteligencia artificial. Por tanto, si queremos hablar de impuestos con los jóvenes, tenemos que estar donde ellos están y comprender cómo circulan allí los mensajes.
Esto nos lleva a otra conclusión central del curso que no por evidente debemos olvidar: cuando cambia el medio, también debe cambiar el mensaje. La comunicación fiscal no puede limitarse al lenguaje administrativo ni a campañas genéricas. En redes sociales, los mensajes compiten con emociones, relatos personales, simplificaciones, desinformación y discursos anti-impuestos muy eficaces desde el punto de vista comunicativo. Por eso los expertos consideraron que se necesita una comunicación pública más clara, más visual, más humana y participativa.
La presentación sobre redes sociales y conciencia fiscal ha sido especialmente útil para distinguir qué narrativas funcionan y cuáles no. No funcionan bien los mensajes excesivamente técnicos, paternalistas o meramente declarativos. En cambio, sí parecen funcionar las narrativas que conectan los impuestos con la utilidad personal y cotidiana, las que apelan a la justicia y la equidad, las que utilizan testimonios humanos, las que muestran datos simples y visuales, y las que invitan a la participación.
El curso también nos ha permitido conocer el trabajo de la AEAT en la promoción de la conciencia fiscal o, en un sentido más amplio, de la ciudadanía fiscal, así como los retos a los que se enfrenta. Entre ellos, destaca la necesidad de avanzar en iniciativas que permitan a la ciudadanía comprender mejor el destino de sus impuestos. Asimismo, se ha puesto en valor su programa de educación cívico-tributaria, que en los últimos diez años ha alcanzado a 582.000 alumnos, para transmitir un mensaje fundamental: todos contribuimos y todos nos beneficiamos.
Por otro lado, se han analizado diversas experiencias concretas de administraciones tributarias autonómicas. La Agencia Tributaria de Andalucía ha mostrado cómo la educación cívico-tributaria puede integrarse en la planificación estratégica. Lo más destacable de esta experiencia es que trasciende la mera declaración de intenciones: incorpora elementos clave como la planificación, la programación, el seguimiento, la evaluación, la comunicación y la rendición de cuentas. Igualmente, el ejemplo de la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) nos recuerda una idea sencilla pero esencial: la cultura tributaria también se construye facilitando el cumplimiento. La simplificación de los trámites, la oferta de canales accesibles, la incorporación de herramientas de pago cotidianas como Bizum y la mejora de la relación con la administración son elementos que contribuyen a reforzar la confianza en el sistema. Por último, se ha subrayado la importancia de la evaluación de las políticas públicas, tomando como referencia la experiencia de las visitas de estudiantes a la Administración tributaria valenciana, que permite conocer el impacto real de estas iniciativas.
En definitiva, si tuviera que sintetizar el balance del curso en unas pocas ideas, diría lo siguiente.
Primero, necesitamos seguir avanzando hacia enfoques con más evidencia y menos prejuicios. Los jóvenes tienen una relación compleja con la fiscalidad: valoran lo público, pero exigen justicia y buena gestión.
Segundo, los jóvenes no están fuera de la conversación fiscal: están dentro, aunque quizá sea necesario mejorar nuestra capacidad para entenderlos y explorar lenguajes que conecten mejor con sus inquietudes.
Tercero, necesitamos administraciones cercanas, comprensibles y accesibles. La confianza fiscal tiende a reforzarse cuando el cumplimiento es fácil, la información es clara y se percibe una gestión responsable de los servicios públicos.
Y cuarto, conviene tener presente que la conciencia fiscal se construye con continuidad, con alianzas entre instituciones, docentes, investigadores, administraciones tributarias y sociedad civil, y con una estrategia sostenida en el tiempo.
Reforzar la conciencia fiscal de los jóvenes es, en última instancia, un trabajo de todos. Y desde el IEF queremos aportar nuestra parte a través de dos líneas de acción. En primer lugar, impulsando espacios de encuentro, como este curso, que permiten reunir a investigadores, docentes, administraciones y estudiantes para compartir diagnósticos y propuestas. En segundo lugar, continuando el trabajo del Barómetro Fiscal, que lleva treinta años midiendo las actitudes fiscales de los españoles con una granularidad única. Su serie anual larga, su continuidad metodológica, su adaptación a la agenda pública y la disponibilidad de microdatos abiertos lo convierten en una herramienta esencial para comprender la legitimidad social de la fiscalidad y para transformar opiniones generales en evidencia útil para la investigación y la política pública.
Cristina García-Herrera Blanco
Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales