Durante décadas, las políticas de competencia de la UE se han centrado en luchar contra los excesos del mercado: evitando los monopolios, protegiendo al consumidor y manteniendo precios bajos. En materia de ayudas de Estado, la doctrina de la UE era clara: cuantas menos ayudas estatales mejor.
Las ayudas de las autoridades, que dan lugar a ventajas económicas a determinados sectores o empresas, distorsionan el mercado único al reforzar la posición competitiva de la empresa beneficiaria frente a sus competidores europeos. Por ello, el principio general aplicable en la UE es el de la prohibición de este tipo de intervenciones públicas. Sin embargo, estas ayudas se permiten excepcionalmente, bajo una estricta supervisión de la Comisión, para corregir fallos de mercado claramente definidos como son el desarrollo regional en zonas desfavorecidas o la promoción de actividades de interés común como la I+D o la protección medioambiental. También se facilitan estas ayudas cuando se trata de compensaciones por desastres naturales, situaciones excepcionales, se dirigen de forma general a consumidores individuales o cuando por su reducida cuantía no afectan a la competencia.
La pandemia del Covid-19 y las crisis energéticas, causadas por la invasión rusa de Ucrania en el año 2022 y el actual conflicto en Oriente Próximo, han dado lugar a una importante flexibilización de las reglas sobre ayudas estatales. La Comisión ha ido aprobando una sucesión de “Marcos Temporales” aplicables a estas reglas, para ayudar a los países de la UE a sobrellevar los desequilibrios económicos producidos por los acontecimientos.
En estos últimos años, los gobiernos europeos han utilizado ampliamente estas ayudas para apoyar a sus empresas en dificultades, provocando una expansión sin precedentes del apoyo estatal. En el 2024, los Estados miembros de la UE destinaron 168.230 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 1 % del PIB. Alemania fue el país que más gastó en ese año, con el 25 % del gasto total, seguido de Francia con el 20 %, e Italia, con el 11 %.
Por otra parte, la publicación de los informes Draghi y Letta en el año 2024, ha puesto blanco sobre negro el grave problema de la pérdida de competitividad de la UE y el importante “gap” tecnológico respecto de China y los EE. UU. La competencia de empresas chinas fuertemente subvencionadas y el atractivo esquema de incentivos fiscales de la “Inflation Reduction Act”, ampliamente utilizado por las empresas en Norteamérica, ha determinado un replanteamiento de los principios de la política industrial y de competencia de la UE. Este cambio, impulsado más por la presión externa y las crisis que por convicción ideológica, responde a la inquietud creciente en las instituciones europeas y, el convencimiento de algunos gobiernos y numerosas empresas europeas de que las ortodoxas políticas de competencia de la UE han frenado el desarrollo de su competitividad.
La UE ha puesto en marcha nuevas herramientas y políticas para materializar este giro. En el ámbito de la contratación pública, destaca la adopción del “Instrumento de Contratación Internacional” que tiene como objetivo principal lograr la apertura recíproca de los mercados de contratación pública y la eliminación de prácticas discriminatorias existentes en terceros estados. Este mecanismo permite restringir el acceso a los contratos públicos europeos a las empresas de terceros países que no apliquen un criterio de reciprocidad, y que la Comisión pueda llevar a cabo investigaciones y consultas sobre posibles distorsiones generadas por la participación de empresas extranjeras en los procedimientos de contratación pública europeos.
Además, la Comisión quiere mejorar la competitividad global de las empresas europeas facilitando la creación de grandes empresas “campeones europeos”, capaces de hacer frente a las de EE. UU. y China, aunque ello implique relajar algunos principios fundamentales utilizados para la evaluación de las fusiones y adquisiciones empresariales. Se trata de un cambio de filosofía que supone reconocer que el tamaño importa, y mucho, en un mundo donde las grandes potencias compiten con gigantes industriales respaldados por enormes recursos públicos y privados. La sombra de decisiones pasadas, como el rechazo de las autoridades europeas de competencia de la fusión ferroviaria entre Siemens y Alstom, sigue estando presente en el debate político y económico.
Hasta ahora, el análisis de fusiones se centraba especialmente en el impacto de la operación en los precios para los consumidores. Ese enfoque queda diluido, incorporando nuevos factores en la evaluación como son, la capacidad de inversión de la empresa resultante, su impacto en la innovación, la fortaleza de sus cadenas de valor o su resiliencia frente a crisis económicas y medioambientales. En definitiva, se busca promover fortalezas, y no solo evitar posibles perjuicios para los consumidores.
La UE está entrando también en una nueva era de política industrial basada en fomentar las ayudas de Estado, pero orientadas a favorecer determinados sectores económicos clave para la transición hacia una economía de cero emisiones, de conformidad con el Plan Industrial del Pacto Verde adoptado en el año 2025. El Plan incluye una recomendación dirigida a los Estados miembros, para incorporar incentivos en sus sistemas fiscales con los objetivos de avanzar en la descarbonización, movilizar la inversión privada y garantizar la seguridad energética. Los incentivos fiscales deberían adoptar la forma de amortizaciones aceleradas y de créditos fiscales. Aunque numerosos Estados miembros ya utilizan las amortizaciones aceleradas y, algunos tienen también medidas específicas para la industria verde, otros no disponen todavía de ninguno de estos instrumentos. La Comisión busca cierta armonización en su utilización. Los Estados miembros, sujetos a fuertes tensiones presupuestarias, no han acogido la recomendación de forma particularmente entusiasta, por lo que habrá que ver cómo se materializa en la práctica.
Para concluir, destacar que el cambio en las políticas de competencia no está exento de polémicas. Sus impulsores defienden que las ayudas son necesarias, no solo para competir globalmente, especialmente con China y EE. UU, sino también para acelerar la transición verde y proteger a la industria europea frente a shocks energéticos. Por el contrario, hay quien advierte que, copiando modelos más proteccionistas con un uso excesivo de subsidios, se fragmenta el mercado europeo y se crean distorsiones en la competencia al favorecer a países con mayor capacidad fiscal. Este último riesgo resulta claro por la importante concentración de las ayudas en manos de unos pocos Estados miembros.
Manuel Santaella Vallejo
Consejero de Finanzas. Representación Permanente de España ante la UE