Nuevos supuestos de comunicación: hacia un Catastro de actualización inmediata

La publicación el 9 de julio de la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha permitido al Catastro introducir mejoras para avanzar en una de sus líneas estratégicas más importantes, que consiste en reducir la carga administrativa al ciudadano a la vez que se mejora la actualización y mantenimiento de la descripción catastral de los bienes inmuebles.

Evolución del procedimiento de declaración al de comunicación

El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en adelante TRLCI, establece la obligación de incorporar al Catastro los bienes inmuebles así como las alteraciones de sus características, con el objetivo de mantener el Catastro actualizado. Así, en virtud del artículo 11.2 del TRLCI, cuando se produce una alteración catastral nace la obligación de informar a la Administración, a través de los procedimientos de declaración o de comunicación.

Tradicionalmente, la obligación de informar recaía sobre el ciudadano y se satisfacía mediante una declaración catastral. Sin embargo, desde hace tiempo la Dirección General del Catastro ha ido implementando mejoras para reducir esas cargas formales que recaen sobre los particulares, y trasladarlas a otros sujetos – principalmente administraciones e instituciones públicas – mediante la introducción del procedimiento de comunicación.

El motivo de esta evolución hacia los procedimientos de comunicación hay que buscarlo, bien en el hecho de que determinada documentación justificativa de la alteración catastral es generada por alguna administración o institución pública, o bien porque dicha documentación accede a estas administraciones o instituciones con carácter previo a generarse la obligación de declarar al Catastro. Ejemplos paradigmáticos los encontramos en las alteraciones catastrales producidas en virtud de comunicaciones notariales cuando se otorga una escritura de compraventa de un inmueble, o el alta catastral de una obra nueva resultante de la comunicación de un ayuntamiento de la correspondiente licencia de obras, proyecto de ejecución y certificado de final de obra.

Estos procedimientos de comunicación representan un excelente ejercicio de colaboración entre administraciones públicas, permiten un mantenimiento catastral ágil, y eliminan cargas formales a los ciudadanos, ya que les exoneran de la obligación de presentar la correspondiente declaración.

Novedades introducidas por la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal

La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal incorpora al artículo 14.1 del TRLCI dos nuevos supuestos de comunicación al introducir los apartados f) y g). Según esta modificación pasan a considerarse comunicación:

“f) Las que formulen las entidades locales o, en su caso, las entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pongan en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, siempre que se cumplan los términos y condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.

g) Los datos, informes o antecedentes suministrados a la Dirección General del Catastro en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, siempre que incorporen la totalidad de la documentación necesaria para acreditar la correspondiente alteración catastral de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por aquella.”

Estas dos nuevas comunicaciones tienen características y efectos algo matizados respecto del resto de supuestos de comunicación que pasamos a analizar sucintamente.

Menor carga al ciudadano sin renunciar a la actualización de la información catastral

Ambos supuestos exoneran al ciudadano de la obligación de declarar, aunque únicamente si la comunicación se realiza en el plazo de 2 meses establecido en la normativa catastral para que el ciudadano realice la declaración.

Esto implica que estos dos nuevos supuestos de comunicación no tienen un plazo fijado para su presentación por parte de las administraciones o instituciones públicas que pueden realizarla.

La ausencia de plazo permite una flexibilidad adicional sin restar rapidez en la labor de actualización del Catastro, ya que las administraciones con mayor agilidad de comunicación permitirán reducir la carga informativa al ciudadano si comunican antes de dos meses, mientras que en aquellos casos en que no se comunique antes de dos meses el ciudadano sigue estando obligado a declarar para asegurar la actualización de esa alteración catastral.

Ampliación de los supuestos de comunicación cuando existe licencia o autorización

La nueva comunicación recogida en el apartado f) del artículo 14.1 de la TRLCI es en cierto modo similar a la comunicación del apartado b) de ese mismo artículo -que se utiliza para nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones o reformas, demoliciones o modificaciones de uso o destino- pero con dos diferencias importantes. 

La primera diferencia es que el ámbito subjetivo es más amplio. Además de poder comunicar los ayuntamientos, también pueden hacerlo las entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, las Diputaciones, Cabildos u otras entidades que tengan encomendadas la gestión del IBI. Esta ampliación del ámbito subjetivo es especialmente operativa en el caso de municipios pequeños, que tienen delegada parte de su gestión en diputaciones, cabildos u otras entidades supramunicipales.

La segunda diferencia de este nuevo supuesto es que la entidad local no necesita recurrir una ordenanza fiscal para realizar la comunicación, únicamente es necesario que se haya otorgado la licencia o autorización correspondiente a la alteración catastral de la que se debe informar (por ejemplo una licencia de obras, de rehabilitación o de modificación de uso).

El objetivo es claro. Facilita el uso del procedimiento de comunicación en aquellos casos en los que existe una licencia o autorización, para reducir la carga administrativa del ciudadano que en muchos casos se podrá ver exento de la obligación de declarar la alteración catastral.

Ampliación de los supuestos de comunicación cuando no existe licencia o autorización

El apartado g) del artículo 14.1 se introduce para facilitar las comunicaciones en aquellos casos en los que no es preciso otorgar licencia o autorización. Permiten agilizar el cumplimiento de la obligación de colaborar que tienen todas las personas naturales o jurídicas, que están obligadas a suministrar información bien sea de carácter general o bien por requerimiento concreto.

Este nuevo supuesto de comunicación del apartado g) destaca por su flexibilidad tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo. A diferencia del resto de supuestos de comunicación, no determina el ámbito subjetivo, por lo que puede realizarse por cualquiera que tenga el deber de colaborar con el Catastro. Su ámbito objetivo también es amplio, ya que conforme a lo dispuesto en la Resolución de 28 de septiembre de 2021 de la Dirección General del Catastro, su uso se puede extender a cualquier alteración catastral recogida en el artículo 16 del TRLCI, que incluye todas las posibles alteraciones catastrales que pueden ser objeto bien de comunicación o de declaración.  

En la práctica, este nuevo supuesto permite implementar de forma ágil los acuerdos de colaboración que el Catastro tiene con distintos agentes, y facilitar la comunicación de alteraciones catastrales cuando no existan licencias o procedimientos de autorización.

En definitiva, estos nuevos supuestos de comunicación refuerzan la capacidad de la Dirección General del Catastro de mantener la información catastral actualizada de una forma ágil, apoyándose en la colaboración con administraciones y sector privado, y eliminando en la medida de lo posible las cargas a los ciudadanos.

Jesús Puebla Blasco

Subdirector General de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano de la Dirección General del Catastro

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