Mediante la cuestión prejudicial los órganos jurisdiccionales nacionales pueden dirigirse al Tribunal de Justicia para solicitarle que precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con la finalidad de garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación de la Unión y evitar interpretaciones divergentes.