Durante los últimos años asistimos a la invocación por parte de un cierto sector de los operadores jurídicos de la existencia de una práctica administrativa que, según su entender, tiene por objetivo “rectificar” lo que los Tribunales de Justicia, en general, y el Tribunal Supremo, en particular, consideran la recta interpretación de la normativa tributaria; esto acontece cuando la jurisprudencia sentada por los tribunales “corrige” la actuación administrativa por entender incorrectamente aplicada la norma, interpretándola.