En los últimos años tanto el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) como el Tribunal Supremo han abordado a través de distintas resoluciones y sentencias algunas de las cuestiones que más debate han suscitado en relación con la residencia fiscal de las personas físicas, aclarando aspectos que generaban inseguridad.
Seguir leyendo El discutido tema de la residencia fiscal de las personas físicas
Antecedentes
Las inversiones sociales son una manera de enfocar la política pública intentando preparar a las personas para enfrentar riesgos sociales a lo largo de su vida, en lugar de, simplemente, proporcionar protección ex post.
Seguir leyendo Inversión social y capital humano: hacia un modelo basado en evaluaciones robustas para un desarrollo sostenible
El 29 de abril el TJUE ha resuelto una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo de Polonia (asunto C-453/23)[1] en relación con la exención en su legislación sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los terrenos con infraestructuras ferroviarias privadas. España intervino por la posible proyección de la sentencia sobre nuestra situación.
Los antecedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias los podemos situar a finales del siglo XV, con la incorporación de las Islas Canarias a la Corona de Castilla.
Seguir leyendo Un paseo por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias
El pasado diciembre el Instituto de Estudios Fiscales publicó el estudio “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles”, que se basa en los resultados de la encuesta anual que denominamos barómetro fiscal. Hay que destacar que en la edición de 2023 se ha incrementado el número de personas entrevistadas hasta las 4.000, lo que aumenta notablemente la representatividad de sus resultados.
Seguir leyendo El barómetro fiscal de 2023: una radiografía de las opiniones de los españoles sobre los servicios públicos y los impuestos
El artículo 57.1 de la Ley General Tributaria establece los medios que la Administración Tributaria puede emplear en la comprobación de valores. Ahora bien, no hay que olvidar que desde la Ley 11/2021, de 9 de julio, entra en vigor el valor de referencia determinado por la Dirección General del Catastro. En particular, la letra g) del artículo 57.1, introducida por la Ley 36/2006, contempla el “valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria”.
Seguir leyendo La tasación hipotecaria en el punto de mira: ¿Herramienta de comprobación del valor real del inmueble o fuente de controversia fiscal?
¿Cuáles son las perspectivas de futuro de los impuestos que recaen sobre los productos perjudiciales para la salud, “impuestos sobre los pecados”, como los denominan los ingleses (“sin taxes”)?
Seguir leyendo Impuestos sobre los pecados
Cuando se citan sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, suele incluirse el número de asunto y el nombre de la parte (salvo que sea una persona física tras la reforma que establece su anonimización).
Seguir leyendo De la “C” a la “T”: cambio en la competencia para conocer de cuestiones prejudiciales sobre imposición indirecta
“Intenta ser un arco iris en el cielo nublado de alguien” Maya Angelou. Para la mayoría de los que formamos parte de esta Administración Pública, la decisión de convertirnos en funcionarios públicos tiene un indudable componente vocacional. De motivaciones diferentes pero, desde luego, inicialmente marcado por la idea del servicio público y del interés general.
Seguir leyendo El directivo público: una forma de liderazgo especializado para la gestión pública
El Catastro y el Registro de la Propiedad han sido, desde sus orígenes, pilares esenciales en la gestión inmobiliaria en España. Mientras que el Catastro ofrece una descripción física, económica y jurídica de los bienes inmuebles con un enfoque fiscal y administrativo, el Registro de la Propiedad garantiza la seguridad jurídica en la titularidad y en las cargas que afectan a dichos bienes
Seguir leyendo La Coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad: Diez años de la Ley 13/2015